Las Juntas Vecinales y los Concejos Comunales son figuras de gestión de lo local que existen aún en algunos pueblos de distintas comunidades autónomas. Se caracterizan porque se basan en la democracia directa, donde todas las personas del pueblo toman parte en las decisiones que afectan a su vida diaria. Los Alcaldes y Alcaldesas de estos pueblos no cobran nada por su trabajo, y hasta el momento ninguna de estas localidades tiene deudas. Es decir, que la administración-gestión de los bienes comunes se realiza de forma correcta.

Sin embargo, el PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de Julio, y que en estos momentos se encuentra en el Congreso de los Diputados para su tramitación Parlamentaria, pretende acabar con esta forma de administración local con la excusa de «racionalizarla». No dudamos de que existen grandes despilfarros en la hacienda local, véase, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid y otros similares. Pero precisamente no es lo que sucede con los pueblos gobernados por Concejos y Juntas Vecinales.

Para luchar contra este nuevo expolio de lo rural y lo participativo, muchos de estos pueblos se están uniendo en plataformas y movilizándose. La próxima convocatoria es para el sábado 24 de agosto a las seis de la tarde, en la plaza de Murias de Paredes, donde se celebrará una concentración de rechazo al proyecto de ley del expolio rural (Ley Montoro). A continuación, se estrenará el documental «Stop al expolio de los bienes comunales» producido conjuntamente por el 15M de León y la Plataforma de Omaña.