La inmobiliaria, Goldman Sachs y Azora, y un fondo de inversión, han adquirido casi 3.000 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por la irrisoria cantidad de 201 millones de euros. El futuro de casi 3.000 adjudicatarios de viviendas sociales de 11 municipios de la región queda a merced, por tanto, de la especulación inmobiliaria. La modificación, por parte del Ejecutivo regional, del Reglamento de Viviendas con Protección Pública sienta las bases para este nuevo expolio del patrimonio público.

 

El 18 de julio de 2013 la Comunidad de Madrid modificaba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública. En adelante, “las viviendas (…) podrán ser enajenadas por sus titulares por promociones completas, de manera parcial, incluso individualmente, y a precio libre, en cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso (…)». Una nota de interpretación del pliego de venta de las casi 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) que el Gobierno regional puso a la venta poco después aclaraba que «podrá el adquirente realizar con posterioridad los negocios jurídicos que estime oportunos”.

Negocio redondo, por tanto, para Goldman Sachs y Azora, que adquirieron por 201 millones de euros 32 promociones de viviendas de 11 municipios de la Comunidad (Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz, Navalcarnero, Arroyomolinos, Valdemoro, Collado Villalba, Leganés y Tielmes). En Móstoles (259 viviendas), Leganés (36) y Tielmes (21), el Gobierno regional vendió las casas por debajo del precio de construcción.

Los adjudicatarios de estas promociones del Plan Joven de Vivienda de Madrid pagaban un alquiler social que rondaba entre los 300 y los 500 euros. A partir del séptimo año, los inquilinos tenían derecho a comprar la casa en las condiciones establecidas en un Plan dirigido, en palabras del Ejecutivo autonómico, a facilitar el acceso a la vivienda de «un colectivo con especiales dificultades para acceder a una vivienda: los jóvenes».

Con la venta de estas viviendas, el Gobierno regional se desentiende, por tanto, del futuro de estas 3.000 familias, cuya suerte depende ahora de un fondo de inversión que adquirió las viviendas por una irrisoria cantidad (67.000 euros de media) y pretende vendérselas a los adjudicatarios de una vivienda social a precio de mercado.

En noviembre, a instancias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y de la FRAVM decenas de ciudadanos afectados presentaron un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar un proceso de privatización de la vivienda pública que atenta contra derechos fundamentales de las familias adjudicatarias. El recurso incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados.

Desde entonces, los afectados por este nuevo expolio del patrimonio público han continuado luchando para exigir la continuidad de las subvenciones al alquiler, la permanencia de los contratos y la paralización de los planes de venta existentes.

En una multitudinaria reunión celebrada el pasado 21 de enero en el Teatro del Barrio, los afectados acordaron convocar una manifestación para el próximo 15 de febrero que partirá a las 12:00 de Cuatro Caminos y finalizará ante la sede del IVIMA, en la calle Basílica.