Desde hace semanas, las asociaciones vecinales y otros colectivos ciudadanos de los barrios y pueblos de Madrid, venimos trabajando en la organización de movilizaciones ciudadanas locales, articuladas en torno a una idea: BARRIOS EN LUCHA POR NUESTRO FUTURO.

Aunque los índices de pobreza y de exclusión social alcanzan cotas históricas, la prioridad de la acción política de nuestros gobernantes es el pago de la deuda. A pesar de ello esta no deja de crecer. Y lo hace a nuestra costa. En 2014 el presupuesto de la Comunidad de Madrid cayó en 256 millones de euros con respecto a 2013. Curiosamente, la partida presupuestaria que más creció (17,4%) fue la destinada al pago de los intereses de la deuda pública, que se convierte en la quinta “consejería” en gasto.

A pesar de los esfuerzos realizados a costa de la ciudadanía en forma de recortes y privatizaciones, en los seis últimos años la deuda creció en 25.000 millones de euros, una cantidad equivalente a la que el Gobierno regional ha perdonado con su política fiscal a los grandes patrimonios y a las rentas más altas (24.483 millones de euros).

El caso del Ayuntamiento de la capital es paradigmático en lo que se refiere a gobernar atendiendo a los intereses de los bancos y no a las necesidades de la ciudadanía.

A pesar de que destina una cuarta parte del presupuesto municipal a pagar la deuda (1.000 millones de euros anuales en concepto de amortización e intereses bancarios), debemos cinco veces más que en 2003: 7.389 millones de euros frente a los 1.455 de entonces.

Además, el grueso de ésta procede de unas obras que han reportado pocos o nulos beneficios a la ciudadanía y, en algunos casos, hasta cargas y pérdidas: el soterramiento de la M-30 (5.000 millones de eros), el traslado de la sede del Ayuntamiento al palacio de Cibeles (800 millones), la construcción de unas instalaciones olímpicas vacías de contenido (la Caja Mágica, el Centro Acuático…), en constante deterioro y cuyo mantenimiento sigue requiriendo importantes sumas de dinero.

 Los recortes presupuestarios aplicados para garantizar el pago de la deuda recaen en los servicios públicos y sociales y en los barrios: desde 2003 el presupuesto municipal destinado a los distritos se redujo un 83% (de 111,2 a 18,8 millones de euros). En consecuencia, la inversión destinada a dotaciones y equipamientos públicos está congelada, incluida la de aquellas dotaciones comprometidas desde hace años.

 Si tenían dinero para las Olimpiadas, ¿por qué no lo emplearon para los equipamientos y los servicios que tanta falta nos hacen? Rechazamos las políticas que anteponen el pago de la deuda con los bancos, algunos de los cuales hemos rescatado también con nuestro dinero, a las crecientes necesidades de la población y exigimos que nuestros impuestos se destinen a  mantener y a dignificar los servicios públicos porque de ellos depende el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

EL 7J SAL A LA CALLE Y DÍ QUE YA BASTA!