Ni EVA Arganzuela ni la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí son los primeros espacios sociales que el actual gobierno municipal de Madrid ha decidido echar de los espacios que han estado ocupando estos últimos cuatro años. Recordemos por ejemplo a la Ingobernable (Centro), la Gasolinera (Guindalera), el Solar Maravillas (Malasaña), la Salamandra (Moratalaz), la Dragona (La Elipa), la Yaya (Argüelles), la Casa de las Asociaciones (Hortaleza), el EVA Montamarta (San Blas). Ni tampoco éste es el único gobierno municipal que ha expulsado de los espacios okupados a diversidad de colectivos ciudadanos.
Pero sí es el primero que decide de manera arbitraria no renovar la cesión de uso realizada por el anterior gobierno municipal, en el marco de una normativa aprobada en febrero de 2016 y modificada el 16 de mayo de 2019, ambas en Junta de Gobierno.
Los débiles argumentos del consistorio no consiguen esconder los motivos reales por los que procede de esa forma, es decir, además de materializar su desprecio por las iniciativas vecinales autogestionadas, se trata de contentar al partido que le permite seguir gobernando en la ciudad, en aquellas cosas que le resultan fáciles, simbólicas, visibles…
En este caso hay una normativa de cesión que permite que eso que se conoce como colaboración público-social, aunque a veces pervertida y otras veces demasiado lenta y burocrática, se concrete en los barrios de la ciudad facilitando que las vecinas y vecinos, de forma colectiva y organizada le den un buen uso comunitario a espacios públicos hasta el momento inutilizados o infrautilizados.
En esta normativa se desarrolla un listado de condiciones que debe tener la entidad o conjunto de entidades solicitantes, y establece el procedimiento de adjudicación mediante una serie de criterios para la selección de proyectos y una Comisión de Valoración de la que forman parte los servicios técnicos del órgano convocante. Se trata de garantizar, con estas medidas, que no existe arbitrariedad a la hora de realizar la cesión. Es decir, que no va a depender de la voluntad política de la concejalía que en ese momento esté en cada distrito.
La normativa, además, no solo obliga a las entidades cesionarias a mantener en buenas condiciones el espacio, sino que también obliga a la institución, es decir, al Ayuntamiento, a realizar un seguimiento de la cesión a través de un grupo específico de seguimiento, cuya composición y funciones se pueden ver en el decreto de alcaldía del 26 de diciembre de 2019.
A este fin, en enero del 2020 se realizó el sorteo para la elección de las 5 personas representantes de las entidades cesionarias, que junto a otros miembros forman parte del grupo.
La crisis posterior dejó en el olvido el seguimiento preceptivo, cuya responsabilidad recae en el Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación, y ahora en el 2021, sin que el Grupo de Seguimiento se haya reunido y valorado técnicamente la posible continuidad de los espacios cedidos, nos encontramos con las «expulsiones» de Eva y de Casa Chamberí, a las que suponemos podrán seguir otras en los próximos meses, si no se toman medidas.
Acogida a esta misma normativa de cesión, en nuestro distrito se encuentra el Centro social autogestionado Playa Gata, donde la entidad cesionaria, ACHE (Asociación Corea de Hungtinton), es cabeza de un grupo de entidades, entre las que se encuentran la Asociación Vecinal La Unión y PEVA (Plataforma Por un Espacio Vecinal Autogestionado).
Pero no queda aquí la cuestión. Hay más formas y formatos de cesión de espacios públicos a entidades sociales, que han estado realizando las distintas corporaciones municipales anteriores, sin haber mediado ninguna legislación específica, sino solo la voluntad política materializada en acuerdos formales específicos para cada espacio.
En el distrito tenemos dos ejemplos de ello. Uno es la cesión de El Palomar a la Asociación Vecinal Las Tablas, que se realizó mediante autorización demanial (Ley 33/2003 de 3 de noviembre, Sección 4.ª Autorizaciones y concesiones demaniales) por parte del concejal Jose Antonio González de la Rosa en el 2013, y que, como sabemos, no ha sido renovado por parte del actual concejal Javier Ramírez con excusas administrativas.
El otro ejemplo es la concesión de uso específico de algunos espacios del Centro Comunitario Guatemala a la Asociación Vecinal la Flor, en mayo de 2018, por parte del concejal Guillermo Zapata. Esta concesión tiene posibilidades de renovación a partir del próximo mes de mayo durante dos años más, cuestión que esperamos conseguir con el actual concejal Javier Ramírez.
El hecho de que exista una ley de ámbito estatal que regule las cesiones de espacios públicos es positivo, en general, pero sin olvidar que está enfocada fundamentalmente a organizar y regular el uso privado del espacio público desde el punto de vista económico junto a ciertas dosis de voluntad política del gobierno de turno.
Por eso se echa en falta una regulación específica enfocada al uso comunitario (público-común) donde la cuestión económica quede en segundo plano y/o, en su caso, en el marco de la economía solidaria y que sea de libre concurrencia, de modo que solo dependa de la idoneidad de los proyectos presentados y no de quien esté en el cargo político.
Hablamos aquí de actividades realizadas por y para las vecinas y vecinos de los barrios, distritos y pueblos, en la línea del Marco Común que elaboramos a finales del 2016 desde la REC (Red de Espacios Ciudadanos que, posteriormente, ha dado lugar a REMA, Red de Espacios Autogestionados de Madrid).
El camino a recorrer es aún largo, muchas cosas para repensar de forma colectiva y muchos espacios públicos que siguen vendiéndose a la iniciativa privada o que continúan deteriorándose sin que se tome ninguna medida al respecto. En nuestro distrito el Teatro Madrid, de responsabilidad municipal, el colegio público Arroyo Fresno, de responsabilidad de la Comunidad de Madrid , o el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en el barrio del Pilar, responsabilidad del Ministerio correspondiente.
Pero las vecinas y vecinos de los barrios seguimos ahí, estamos aquí para asegurar que no vamos a permitir ningún espacio público vacío, infrautilizado o cedido a empresas.