Ya lo decíamos cuando era Alcalde de Madrid. La prepotencia de Gallardón fue una de sus características más acusadas de su etapa de edil madrileño, y desde que le «subieron de categoría», no deja de demostrar lo que es capaz de hacer, aunque tenga en frente a toda la sociedad, incluidos sus propios votantes.

Ahora le ha tocado el turno a las tasas judiciales, y a pesar de la oposición que ha encontrado en todos los sectores profesionales, políticos y ciudadanos,  el BOE acaba de publicar la  ley 10/2012, de 20 de noviembre, de Tasas Judiciales, mediante la que a partir de ahora habrá una justicia para pobres y otra para ricos, para los que puedan costear las tasas. Pero no habrá justicia para los que superan el umbral de los beneficiarios de la justicia gratuita, pero no lo suficiente como para poder pagar las tasas, que será la mayoría de la población.

Se trata de una medida recaudatoria y discriminatoria que atenta contra el derecho al acceso a la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales.

En este enlace puedes firmar contra esta medida.