La ciudad como espacio público ha sido desde siempre una de nuestras prioridades a la hora de abordar el trabajo vecinal.

Un espacio público que entendemos desde una nueva lectura que recupera para las comunidades ese espacio común que poco a poco el mercado ha ido acaparando, ese espacio compartido que, además de la configuración de nuestros barrios, de nuestras calles y plazas, de nuestras viviendas…, incluye los bienes y recursos naturales que sustentan la vida de las personas (agua, tierra, aire…) y aspectos de la vida cotidiana que aseguran su reproducción (salud, educación, cuidados…) hasta ahora reservados al estado (cada vez menos), al mercado (cada vez más) o a la invisibilidad del ámbito doméstico, especialmente gestionado por las mujeres.

Espacio común que, necesariamente, tiene que ser inclusivo, asequible, abierto, solidario y creativo, tejido de múltiples espacios de encuentro, de redes locales que mantengan las referencias de nuestro mundo globalizado, al tiempo que nos cuida y donde cuidamos.

Desgraciadamente, no es este el espacio en el que se inscriben nuestras ciudades y, en concreto, la ciudad de Madrid, desde hace décadas sumida en un caos urbanístico que ningún PGOUM ha conseguido resolver, pues el objetivo de este Plan General, nunca ha sido hacer una ciudad para las personas.

La corporación del 2015 abrió algunas líneas de trabajo que podrían habernos acercado a ese espacio del común que pincelábamos, con medidas como el Plan Estratégico de Derechos Humanos, el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, o Madrid Central (modificado en la siguiente legislatura a Madrid 360), pero al mismo tiempo, la misma corporación nos dejó otras medidas como Madrid Nuevo Norte, lo que viene a confirmarnos que para las grandes operaciones especulativas, en Madrid aún nos gobiernan otras corporaciones a las que no hemos elegido en las urnas.

Estas operaciones urbanísticas especulativas no son cuestiones aisladas, sino claramente planificadas como tales. Sí, hay un PGOUM y sus sucesivas revisiones, pero eso no ha evitado que, a la hora de concretar las distintas actuaciones urbanísticas a lo largo de los años, los distintos gobiernos municipales hayan facilitado, con todo tipo de argumentaciones, la lógica de la especulación.

El modelo de ciudad que tenemos, es la ciudad que nos han ido dibujando, año a año, los poderes económicos y políticos que nos han estado gobernando. Mientras las vecinas y vecinos dedicábamos nuestros esfuerzos a exigir equipamientos para nuestros barrios y programas sociales para nuestras gentes, cuestiones de más fácil acceso y de mayor urgencia, en general, hemos dejado en manos de los distintos gobiernos municipales y de los lobbys económicos, las “grandes decisiones”, las decisiones estratégicas.

El modelo de ciudad tampoco es algo aislado al modelo de sociedad que nos domina, ni a la cultura, la educación o el modelo de participación, de representación política…

Por eso, aun cuando las movilizaciones ciudadanas se dan en respuesta a situaciones específicas, es importante situarlas siempre en relación con el objetivo final que nos hemos marcado, en este caso una ciudad inclusiva, porque es una forma de visibilizar si los pasos que estamos dando nos llevan a ella o nos alejan. 

Y saber quién gana y quién pierde con cada una de esas actuaciones, muchas veces nos aclaran las relaciones de poder que las sustentan.