por Carmen | 25/octubre/2012 | Sin categoría
El martes 6 de noviembre a las 11 de la mañana la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios convoca una ASAMBLEA y CONCENTRACIÓN con compañerxs del Ramón y Cajal, Clínico, La Paz, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Niño Jesús, Santa Cristina y centros de atención primaria, que tendrá lugar en la puerta del Hospital de La Princesa (Diego de León). Asistirán asociaciones vecinales y otros colectivos ciudadanos como el 15M.
1. Por la renovación de todos los contratos a fecha 31 de diciembre.
2. Para evitar la privatización y despidos de los servicios de cocinas y mantenimiento.
3. Por el mantenimiento de la cirugía cardiaca y cardiología.
4. Por una sanidad universal, pública y de calidad: derogación del RD/16/2012
por Carmen | 25/octubre/2012 | Noticias
El Ayuntamiento de Madrid aprobó, en 2011, su incorporación al «futuro modelo de gestión de aguas» y a la “gestión del servicio de reutilización de las aguas depuradas”. Y lo hizo con los ojos cerrados, toda vez que se remitía a un programa cuyo contenido aún desconocía. Representantes de Ecologistas en Acción, de la FRAVM y de ATTAC Madrid han presentado un recurso para revocar unos acuerdos que no solo contravienen la seguridad jurídica, sino que vulneran la autonomía local.
Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y Attac Madrid, integradas, junto con otras organizaciones comoCCOO, UGT, IU y Amigos de la Tierra, en la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, presentaron un recurso de nulidad contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid en 2011 por los que se aprobaron los convenios relativos a la incorporación del Consistorio al “futuro modelo de gestión de aguas” y a la “gestión del servicio de reutilización de las aguas depuradas”.
En la base del recurso se encuentra la opacidad, falta de rigor y ausencia de consenso con la que se ha llevado a cabo el cambio de modelo de la empresa pública, así como la vulneración de la autonomía local en la gestión del suministro del agua, de competencia municipal. Tal y como recoge el documento, este principio, recogido en los artículos 137 y 140 de la Constitución española, queda conculcado ya que el Ayuntamiento no ha sido participe “en modo alguno en las estipulaciones, negociación o financiación del convenio que debe suscribirse”. Esto es, el Ayuntamiento firmó con los ojos cerrados un programa cuyo contenido desconocía, contraviniendo así la seguridad jurídica, una circunstancia que resulta aún más grave si tenemos en cuenta que, según la ley que abre la vía a la privatización de la empresa pública, el Canal podrá desistir unilateralmente de “aquellos convenios que estuviesen suscritos entre Ayuntamiento y Canal”.
Recordemos que la nueva entidad no solo absorberá bienes y derechos del municipio madrileño, lo que condicionará su capacidad económica, sino que le privará de competencias sobre los recursos afectos al servicio y de la facultad de fijar los precios.
En definitiva, el Ayuntamiento madrileño firmó una especie de carta blanca en la que corre el riesgo de hipotecar la gestión de su agua durante 50 años, un periodo de tiempo que tampoco “ha quedado fundamentado”. El acuerdo municipal “genera una absoluta indefensión al conjunto de ciudadanos al no conocer cómo se conformará ese nuevo modelo de gestión y qué competencias respecto al servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas serán asumidas y gestionadas desde el ámbito privado, así como de las verdaderas causas que han llevado a la adopción del acto”, puede leerse en el recurso.
Otro de los argumentos usados en el documento jurídico es la existencia en los convenios de cláusulas nulas “por vulnerar los principios de publicidad y concurrencia” en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y servicios, de conformidad con el derecho comunitario y el derecho español en esta materia.
Con el acuerdo plenario en el que se aprueba la adhesión del Ayuntamiento al nuevo modelo de gestión, -se argumenta en el recurso- “se está vulnerando el art. 103 de la CE que establece que la Administración Pública sirve los intereses generales y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Si el Canal de Isabel II, de capital íntegramente público está considerada como una empresa pública modelo, con una rentabilidad inusitadamente importante en los tiempos actuales, que ha recibido premios de calidad a nivel nacional e internacional, consideramos que lo que se pretende con este nuevo modelo de gestión, y por lo tanto con su adhesión al mismo es servir a intereses privados y no a los intereses generales de la población”. De hecho, el colectivo ciudadano inscribe la última subida de las tarifas del Canal, que se apoya en un aumento desmedido de la cuota de servicio (que llega a situarse en torno al 60%), en la preparación de la privatización de la empresa pública, “toda vez que se aumenta la cuota que interesa, especialmente a cualquier operador, que pretenda adquirir, y lucrarse, por medio de su adquisición”.
Por último, las organizaciones que suscriben el recurso llaman la atención sobre la absoluta falta de información y participación pública en la aprobación de los convenios: “todo el proceso se ha desarrollado en un escenario de absoluta desinformación y sin respetar la participación ciudadana en el propio Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid”. En este marco, resalta que “la modificación posterior de las condiciones de la nueva sociedad, suponen un cambio sustancial en lo que se aprobó y destapa la verdadera finalidad de dicho acuerdo, la obtención de liquidez para corregir el desequilibrio presupuestario municipal mediante la consecución de ingresos por la enajenación de las participaciones sociales hasta un montante de 245.000.000 euros, como se desprende del propio Plan de Saneamiento Financiero del Ayuntamiento de Madrid”.
por Carmen | 25/octubre/2012 | Noticias
Los jueces, observadores directos del drama social de los desahucios en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas estatales a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan. En los últimos cuatro años se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
El informe elaborado por los jueces habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.
El informe ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone transformar el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias. El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca.
Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos (participaciones preferentes)”.
Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “Cada procedimiento encierra un drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.
Para la comisión de jueces, la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia, ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo en el que se incide en este aspecto.
El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.
¿Cómo solucionar estas injusticias? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias debido a la crisis, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.
Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.
Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago. Pero el estudio va más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.
Además, el análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. Propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y quitas de la deuda.
El informe también dice: “La ley permite a los bancos adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento oleasing.
Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor, en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.
por Carmen | 25/octubre/2012 | Sin categoría
Los bancos y las cajas son los principales culpables de la crisis actual. Ellos y los políticos que miraron para otro lado, o directamente alimentaron la burbuja, son claramente los responsables de la situación actual. Y no sólo por lo que han estado haciendo a lo largo de los últimos años, sino también porque el rescate de los bancos y las cajas ha disparado el déficit público y ha proporcionado a la casta dirigente la coartada para aplicar unos recortes sociales que estos días han quedado plasmados en los “presupuestos de la vergüenza”.
Aún más, BANKIA, la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, responsable del 80% de los desahucios que se producen en la región (103 al día durante el segundo trimestre del mes), ha sido premiada con el mayor rescate bancario de la historia de España: 23.000 millones de euros.
Reforzada con este rescate, lejos de ordenar la paralización de los desahucios, Bankia sigue aplicando de forma impune una mala praxis bancaria que, durante años produjo millonarios dividendos repartidos entre sus accionistas y que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, ha vaciado las arcas públicas ante la inacción cómplice de una clase política que continúa ignorando el hecho de que más de 400.000 familias han perdido sus viviendas.
En este contexto, unos 50 hipotecados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han dicho basta. Tras presentar decenas de escritos y de intentar negociar con las sucursales sin respuesta, este lunes acudieron a la sede central de Bankia, en la plaza de Celenque, buscando justicia. Apoyados por la Asamblea de Vivienda de Madrid del 15M, han decidido permanecer allí día y noche hasta que sus demandas sean escuchadas. Hasta ahora Bankia ha cerrado sus puertas y se niega a negociar.
Es más, continúa con su ofensiva: el martes dejó en la calle a Gloria, una vecina de Torrejón de la Calzada, a su madre de 71 años y a su hija de 18. Esta mañana, cuando se hacían públicas las conclusiones de un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial que denuncia la mala praxis bancaria y reclama “extender al cliente sobreendeudado una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, Bankia ha dejado en la calle a María Esther Morán, infatigable activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid que, durante meses, ha batallado en defensa de las familias deudoras de buena fe amenazadas por la banca, a quienes defendió en un encuentro con el Defensor del Pueblo.
Ni la vergonzante inacción de la clase política ni la impunidad con la que actúa la banca nos amedrentan. Nadie ha hecho nada por las personas afectadas, salvo las mismas afectadas: vecinas apoyando a vecinas y extendiendo la lucha en defensa de los derechos de ciudadanía, de la justicia y de la dignidad.
Las personas acampadas ante la sede de Bankia hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen a #RodeaBankia aportando alimentos y acompañándolas, sobre todo mañanas y noches. Convocan además una concentración este jueves, día 25, día de acciones descentralizadas de #RodeaelCongreso, a las 17:00 horas, en la plaza de Celenque para exigir la paralización definitiva de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social.
Esta crisis no la pagamos.
por Carmen | 25/octubre/2012 | Sin categoría
El Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa cierra sus puertas el 1 de noviembre.
Esta es la noticia que hemos recibido del equipo del Centro, pero no sabemos si los motivos son económicos o políticos, o uno bajo el otro… El CIEA Dehesa de la Villa ha sido en estos 6 años de funcionamiento una referencia no solo para el distrito de Moncloa, donde se ubica este espacio natural que aún sobrevive en Madrid, sino para todos los distritos colindantes, especialmente el nuestro, para cuyos vecinos y vecinas la Dehesa de la Villa siempre ha sido nuestro «gran parque» más cercano.
Con el CIEA, con su equipo educativo, la AV La Flor y otros colectivos hemos trabajado durante estos años en distintas actividades, la más mediática, la marcha ciclista anual que todos los meses de septiembre alzaba su voz reivindicando al Ayuntamiento de Madrid una verdadera apuesta por la bicicleta como medio de transporte.
Dicen que el centro cerrará solo el mes de noviembre, que en diciembre parece que se volvería a abrir… Pero sabemos que es lo que dicen, porque lo que hacen siempre es lo contrario.
Otra víctima de los recortes?
http://www.actividadesambientalesdehesa.com/
